Ecuador: tra l'ambiguità della politica e la politica degli equivoci

Ecuador: entre las ambigüedades de la política y la política de los equívocos

El Ecuador vive actualmente una crisis de su sistema político que pone en tensión los contenidos mismos de la democracia y la participación social. Se trata de un panorama confuso y ambiguo, en el que las decisiones de la coyuntura parecen ser tan determinantes que incluso se ha tildado al movimiento indígena ecuatoriano de traición y acomodo por no participar en las diferentes movilizaciones sociales que la "oposición política" al gobierno de Lucio Gutiérrez ha programado para estos meses. Una acusación grave que encierra en sí misma un argumento falaz: el de suponer que los conflictos reales del Ecuador se circunscriben y se limitan a la institucionalidad democrática. Para entender la posición del movimiento indígena, y también de otros sectores como la Coordinadora de Movimientos Sociales, es necesario realizar una contextualización tanto del gobierno de Gutiérrez cuanto de los argumentos de la "oposición política" a este gobierno.

En efecto, habría que recordar que en una especie de récord mundial, a apenas dos meses de su posesión, el gobierno de Lucio Gutiérrez suscribió ya un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional, FMI, y en el que constaban veinte puntos que comprendían una serie de reformas económicas, entre las que se pueden señalar: la eliminación del subsidio al gas de uso doméstico, la flexibilización laboral, la privatización de la empresa petrolera nacional, de las eléctricas y de las telefónicas, entre los aspectos más importantes.

Asimismo, el mes de abril del primer año de gobierno (2003), el gobierno de Lucio Gutiérrez firmaba con el Banco Mundial, la Estrategia de Asistencia al País (CAS, por sus siglas en inglés), en el que se comprometía a una reforma profunda en varias áreas consideradas estratégicas como: educación, salud, financiera, laboral, recursos naturales, infraestructura vial, seguridad jurídica, liberalización comercial, hidrocarburos, etc., todas estas reformas serán conocidas como "reformas estructurales" y su objetivo fundamental apuntaba a la privatización, desregulación y disminución de la responsabilidad estatal en estos sectores.

Dos años después, y cuando empieza la recta final de su gobierno, es claramente perceptible que el proyecto original que acompañó a Gutiérrez, esto es, llevar adelante la reforma neoliberal de manera más radical y profunda, finalmente fracasó. Casi todas las reformas estructurales de carácter neoliberal, se quedaron en la agenda de asuntos pendientes.

En el tiempo que le resta al gobierno, su prioridad será establecer al menos un mínimo de acuerdos que viabilicen el proyecto estratégico de la reforma estructural neoliberal pero sin que ello afecte la estabilidad del régimen. De ahí que se vislumbren, al menos y por el momento, dos estrategias básicas y que están relacionadas con los acuerdos originalmente suscritos con el FMI y el Banco Mundial; la primera sería un conjunto de reformas legales para la privatización del petróleo, la energía eléctrica, las telefónicas y la seguridad social (denominada como Ley "Trole 4"); y, la segunda, la firma y ratificación del tratado de libre comercio con Estados Unidos (TLC), que tal como ha sido estructurado su normativa jurídica se sitúa incluso por encima de la Constitución de la República.

Para el cumplimiento de estas dos estrategias, el gobierno de Lucio Gutiérrez necesita un mínimo de "capital político", y es eso justamente lo que le hace falta. En efecto, si el gobierno de Gutiérrez no pudo aplicar en toda su amplitud las reformas a las que se había comprometido con el FMI y con el Banco Mundial, es porque conoce la capacidad de movilización de los movimientos sociales, y, sobre todo, del movimiento indígena. Lucio Gutiérrez, al no dar paso al incremento del precio del gas de uso doméstico, es decir, eliminar el subsidio del gas, reconoce explícitamente la capacidad de veto que ejerce el movimiento indígena. Puede decirse lo que se quiera a propósito de la debilidad del movimiento indígena ecuatoriano, pero lo cierto es que el gobierno de Gutiérrez, que construye sus cálculos y tácticas políticas desde la visión de la seguridad del Estado y la inteligencia policial, no se llama a engaño con respecto a la supuesta debilidad del movimiento indígena, y prefiere and
ar con pies de plomo.

Es esa capacidad de veto del movimiento indígena la que ha tenido en suspenso la aplicación de los ejes principales de la reforma estructural, y, por tanto, ha dejado en el aire la capacidad política del régimen de imponer su "plan de gobierno". Efectivamente, Gutiérrez no tiene otro plan que aquel suscrito con el FMI (carta de intención), y con el Banco Mundial (Estrategia de Asistencia al País), si se desarma ese plan de gobierno, en realidad, se estaría desarmando la capacidad efectiva de todo su gobierno.

De ahí que una de sus prioridades políticas haya sido la desarticulación y destrucción de las capacidades organizativas del movimiento indígena y su neutralización política. Por ello, se ha definido como una verdadera política de Estado el desgaste y agotamiento del movimiento indígena, por cuanto su neutralización es clave para desarmar esa capacidad de veto expresada en su enorme capacidad de movilización social. Pero al mismo tiempo que Gutiérrez busca la forma de anular a su enemigo político más importante, también tiene que buscar sustentos políticos para sostenerse en el poder.

Ya no es solamente la agenda de la reforma estructural neoliberal la que está bloqueada y la que tiene que resolverse como prioridad, sino que se hace de la permanencia en el gobierno el principal argumento del poder y, por tanto, punto prioritario de la agenda política gubernamental. Algo que puede resultar curioso para un régimen demócrata-liberal, pero que habida cuenta de la crisis institucional en el Ecuador, el hecho de que un presidente electo pueda terminar su mandato es ya una verdadera hazaña. Gutiérrez está empeñado con todas sus fuerzas y sus habilidades, en cumplir esa hazaña. El problema para el gobierno está en que cada paso dado para cumplir con su hazaña le resta sus espacios de decisión y le acotan las posibilidades reales de ejercer su poder.