Messico: scarso il rispetto di diritti umani

Informe 2004 del Departamento de Estado

Pobre, el clima de derechos humanos en México: EU
Corrupción, tortura, secuestros y asesinatos, las constantes

Nueva York, 28 de febrero. México continúa padeciendo graves problemas de corrupción policiaca y militar, secuestros y extorsión de policías estatales y municipales, arrestos arbitrarios, confesiones bajo tortura y asesinatos extrajudiciales realizados por policías y personal militar, y un ''pobre'' clima de derechos humanos, particularmente preocupante en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, reporta el informe anual de derechos humanos elaborado y presentado hoy por el Departamento de Estado.

Al presentar hoy el informe sobre 2004, el embajador Mike Kozak, secretario asistente de Estado en funciones del Buró de Democracia y Derechos Humanos, comentó que Chiapas y Oaxaca en particular ''tienen problemas reales de abuso de la gente por las fuerzas de seguridad''. El informe ofrece un diagnóstico anual de las prácticas de derechos humanos en 196 países, con excepción de Estados Unidos.

La amplia sección sobre México también señala que a pesar de que ''el gobierno generalmente respetó muchos de los derechos humanos de sus ciudadanos... serios problemas permanecen en varias áreas''. El documento señala que el cálculo no oficial fue de 3 mil secuestros en 2004, ''algunos con supuesta participación de policías''. Además reporta que la policía continúa empleando la tortura para extraer confesiones, las cuales son utilizadas por fiscales y aceptadas por tribunales.

En su resumen, el Departamento de Estado agrega que la impunidad permaneció como problema entre las fuerzas de seguridad a pesar de mayores sanciones del gobierno; señaló que la violencia relacionada con el narco se incrementó, las condiciones de los reclusorios son pobres, la policía continuó realizando arrestos arbitrarios, el sistema judicial permaneció ineficiente y con corrupción, el acceso de indígenas al sistema de justicia fue inadecuado y continuaron denuncias sobre grupos paramilitares en Chiapas.

También hubo violaciones de los derechos de migrantes indocumentados por las autoridades y persistió la violencia y discriminación contra mujeres, indígenas, minorías religiosas y homosexuales. Se señala que hubo problemas de tráfico de personas, con alguna participación de algunas autoridades, y explotación sexual de menores. El documento señala que ''el proceso de paz en Chiapas permaneció estancado. Hubo estallidos esporádicos de violencia políticamente motivada a través del país, particularmente en los estados sureños de Chiapas, Guerrero y Oaxaca''.

Al profundizar sobre estos rubros, el informe ofrece algunos ejemplos particulares, recoge informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, resume conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y reportajes de los medios para elaborar su diagnóstico de la situación de los derechos humanos durante 2004 en México. Aunque señala que ''no hubo asesinatos políticamente motivados por el gobierno o sus agentes'', las fuerzas de seguridad sí mataron a varias personas. Señala que los medios reportaron asesinatos de líderes indígenas en Chiapas y Guerrero. Además, recuerda que se reportó la muerte de 16 personas en Ciudad Juárez. Agrega que también hubo numerosos informes de ejecuciones vinculadas con el narcotráfico. El informe dice que no hubo novedades ''y no se esperan más'' en los casos de Acteal y Aguas Blancas.

''La tortura, en particular, continuó como serio problema'', señala el documento y registra que la CNDH reportó que en sus 14 años de existencia ha recibido 84 mil 689 quejas de tortura. Se incluyen versiones de que manifestantes detenidos en la pasada cumbre en Guadalajara fueron torturados. ''Las autoridades rara vez castigan a oficiales por tortura'', y esta práctica ha sido vinculada con la de detenciones arbitrarias, dice. Se señala que las 448 instalaciones penales del país exceden el cupo con 182 mil 530 prisioneros, mantenidos en instalaciones con un cupo oficial de 147 mil 809.

''El arresto y detención arbitraria continuó entre los abusos de derechos humanos más comunes'' en México. Además, la corrupción policiaca permanece como grave problema, con la participación de policías en secuestros, robos armados, extorsión y protección de criminales, particularmente narcotraficantes. De hecho, se registra que muchos casos de desapariciones fueron por detención arbitraria.

En torno a la libertad de expresión se indica que aunque ha mejorado durante el periodo de Vicente Fox, las amenazas, acciones legales por difamación y el hostigamiento de periodistas por políticos, autoridades locales y organizaciones del narco continuaron -y que tres periodistas fueron asesinados-, lo que tiene efectos negativos. Se indica que organizaciones internacionales de periodistas denuncian que las leyes de difamación violan la libertad de expresión, y se señala en particular la nueva legislación estatal sobre difamación en Chiapas, que ahora es la más punitiva del país.

En otro rubro, el informe dice que ''la población indígena ha sido largamente sujetada a la discriminación, represión y marginalización''. Da a conocer que 81 por ciento de la población indígena vive en la pobreza y que a pesar de algunas iniciativas del gobierno de Fox, esta situación no ha mejorado de manera sustantiva.

También se exponen otro tipo de abusos de derechos humanos, desde casos de ''policía corrupta, que a veces viola los derechos de inmigrantes ilegales'', la participación de policías y otras autoridades en algunos casos de tráfico de indocumentados, hasta las violaciones de los derechos de las mujeres, incluyendo la violencia doméstica y sexual. En particular resume los casos de Ciudad Juárez, la falta o el mal manejo de las investigaciones criminales. También se destaca que a dos años de haber sido aprobada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ''la transparencia en administración pública, tanto a nivel federal como local, no se ha logrado''.

Concluye que hay acusaciones de uso de fuerza excesiva y violación de la ley internacional humanitaria, en parte como resultado de la presencia militar en Chiapas y Guerrero.